• La ministra Adriana Delpiano destacó que la actitud de todos los parlamentarios estuviera centrada en el interés del país, para dar forma a una ley que por primera vez regula la relación del Estado con sus universidades. La iniciativa ahora pasará a votación a la Sala del Senado.

En su segundo12 trámite constitucional, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y Hacienda del Senado despacharon hoy el proyecto de ley que fortalece a las universidades del Estado.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, se mostró satisfecha, valoró la votación y la actitud de los parlamentarios. “Cada uno puso la flexibilidad necesaria, los intereses del país por delante, y creo que hemos sacado un muy buen proyecto que por primera vez regula la relación del Estado con sus universidades y además le está entregando recursos específicos.”, aseguró al término de la sesión.

El proyecto, que ahora será votado en Sala del Senado, plantea la creación de un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, que buscará promover la coordinación entre este y las instituciones con una visión estratégica y de largo plazo. Adicionalmente, fomenta la pertinencia de las actividades de los planteles, en función de las necesidades y requerimientos de las respectivas regiones y regula por ley el financiamiento permanente de estas instituciones, a través del Convenio Marco para Universidades Estatales, y establece un fondo de fortalecimiento de $300 mil millones para los próximos años.

“Queremos que las universidades estatales crezcan, se desarrollen y sean una pieza clave en el desarrollo de las regiones”, agregó la máxima autoridad de Educación.

Asimismo, la iniciativa regula la organización y el funcionamiento de las universidades estatales desde una visión sistémica, estructurada y de largo plazo, con una orientación definida respecto de lo que el país demanda a estas instituciones. Además, recupera y explicita el rol del Estado en el fomento de la excelencia de estas casas de estudios.

También fija directrices básicas de los organismos superiores de estas universidades y moderniza su sistema administrativo, entendiendo que como organismos autónomos requieren un trato diferenciado que facilite su gestión. Además, propone un nuevo sistema de gobierno para las instituciones que aún mantienen sus estatutos desde la dictadura, respetando el de aquellas que han establecido sus mecanismos de gobernanza con posterioridad a 1990.